La facturación entre empresas en España está a punto de experimentar uno de los mayores cambios de las últimas décadas. Mientras buena parte del debate público se ha centrado en Verifactu y su impacto fiscal, la Ley Crea y Crece avanza en paralelo con un objetivo distinto, pero igual de ambicioso: combatir la morosidad y garantizar el control de los plazos de pago en las relaciones comerciales.

A diferencia de Verifactu —orientado principalmente al control tributario y a la lucha contra el fraude—, la Ley Crea y Crece tiene un enfoque mercantil. Su finalidad es asegurar que las facturas no solo se emitan electrónicamente, sino que su recorrido completo quede registrado y sea trazable.

Con su entrada en vigor, todas las facturas emitidas entre empresas y profesionales deberán ser electrónicas y estar en un formato estructurado, es decir, legible por sistemas informáticos. En consecuencia, el papel, los PDF y otros formatos no estructurados que, hasta ahora han sido habituales en el día a día empresarial, desaparecerán.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión que plantea la Ley Crea y Crece no es el formato, sino el control del ciclo de vida de la factura. Hasta ahora, el proceso era relativamente simple: el proveedor emitía la factura y quedaba a la espera de recibir el pago. Con la nueva normativa, el recorrido se amplía y se formaliza. Tras la emisión, el receptor deberá comunicar su recepción y, en un plazo de cuatro días laborables, si acepta o rechaza la factura. En caso de rechazarla, el ciclo finaliza y deberá emitirse una nueva. Si se acepta, el cliente tendrá que informar de la fecha prevista de pago —dentro del plazo legal máximo de 60 días— y posteriormente comunicar el pago efectivo.

Este sistema introduce un nivel de transparencia inédito en el ámbito B2B. El objetivo es claro: disponer de información completa sobre el “viaje” de cada factura para reducir los retrasos en los pagos y reforzar la disciplina financiera en el tejido empresarial.

Para hacer posible este modelo, la ley prevé dos grandes pilares tecnológicos. Por un lado, el Servicio Público de Facturación Electrónica (SPFE), que actuará como repositorio y punto de referencia del sistema. Por otro, las plataformas privadas de facturación electrónica, que se encargarán del intercambio de facturas y de la comunicación de los distintos estados, conectándose entre sí y con el sistema público.

Además de la automatización de todo el proceso de gestión de las facturas, las plataformas privadas de facturación plantean otra gran ventaja para las empresas y es el de la comunicación de los estados de las facturas. La realización de este proceso, que será obligatorio, de forma manual podría suponer un importante cuello de botella administrativo.

El calendario definitivo de implantación aún debe culminar su recorrido institucional, pero la dirección es clara. La Ley Crea y Crece ya ha superado su tramitación parlamentaria y está a la espera de su paso por el Congreso y su publicación en el BOE. Conviene subrayar, además, que su implementación no depende de Verifactu: son marcos regulatorios distintos, con objetivos y tiempos propios, aunque ambos convergen en la digitalización obligatoria de la facturación.

Desde la perspectiva de empresas especializadas como Ediversa Group, este cambio normativo no debe entenderse únicamente como un reto técnico, sino como una oportunidad estratégica. La experiencia en proyectos de automatización demuestra que integrar la facturación electrónica dentro de los sistemas de gestión corporativos no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que aporta eficiencia operativa y mayor visibilidad financiera.

En este sentido, la preparación anticipada y la correcta elección de la plataforma tecnológica marcarán la diferencia entre limitarse a cumplir la ley o aprovecharla como un verdadero motor de transformación empresarial.